Fundamentación
¿Qué nos dicen los datos? Un mundo en crisis y derechos vulnerados
Estamos ante una profunda crisis, una crisis que va más allá de la crisis sanitaria y la alteración de la coyuntura económica. La profunda crisis del sistema se evidencia por la crisis ambiental, la crisis de los cuidados, la crisis de los derechos humanos… que generan exclusión y que afectan, de diferente forma, al conjunto del planeta. Los últimos años muestran algunas tendencias: los nuevos países emergentes y el declive de Occidente como potencia hegemónica, unido a protestas ciudadanas que demuestran un malestar universal con los gobiernos; la masiva movilización de emigrantes y personas refugiadas, fruto de conflictos violentos como las guerras provocadas en África y Asia y de un mundo cada vez más injusto y desigual; el cierre de las fronteras y el aumento del temor ante lo percibido como diferente; las recetas de la mal llamada austeridad impuestas por organismos multilaterales a países europeos, que provocan la ruptura del estado de bienestar y el aumento de la brecha de la pobreza; la centralización del poder en las multinacionales, y una sociedad de hiperconsumo basada en el neoindividualismo, que ha provocado la transición de la condición de ciudadanía a la de personas consumidoras.
Asistimos a la explotación de recursos naturales ejemplificada en el neoextractivismo, la pérdida de biodiversidad, el calentamiento global, al aumento de la desigualdad, la persistencia de las violencias machistas, la guerra, el terrorismo… La vulneración de derechos se comprueba en datos como que más de 700 millones de personas (lo que equivale al 10% de la población mundial) vive en situación de extrema pobreza a día de hoy[1]; las cifras de personas que pasan hambre en el mundo no dejan de crecer con estimaciones de más de 840 millones para el año 2030[2]; más de cinco millones de niños/as mueren cada año antes de cumplir los 5 años[3]; alrededor de 260 millones de niños/as aún estaban fuera de la escuela en 2018, cerca de una quinta parte de la población mundial de ese grupo de edad[4]; en 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica[5]; solo ocho hombres poseen la misma riqueza material que 3.600 millones de personas (la mitad de la población mundial)[6]; en el año 2019 hubo 25 millones de personas desplazadas por motivos climáticos en el mundo, los riesgos de desplazamiento por desastres naturales se han duplicado desde 1970[7]; entre 2010 y 2015, el mundo perdió 3,3 millones de hectáreas de áreas forestales; de las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está extinto y el 22% está en peligro de extinción[8]. La situación en el estado español muestra que hay 1.400.000 niñas y niños que viven en situación de pobreza (2019, Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil), más de mil mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde que en el año 2003 se inició la contabilidad, tres personas acumulan la misma riqueza que el 30% más pobre del país, al menos un 20% del terreno español se puede considerar ya desértico y un 75% es susceptible de sufrir desertificación a lo largo de este siglo… Todos estos datos evidencian una crisis global y multidimensional (ecológica, económica, política, de cuidados y de valores) lo que supone una crisis de derechos humanos para millones de personas[9].
«Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos» así comienza el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos[10], aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Esta declaración, aun con una mirada occidental, supone establecer por primera vez, en todo el mundo, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse. Transcurridos más de setenta años, estos derechos siguen siendo vulnerados a nivel mundial, siendo algunos grupos poblacionales como las mujeres, las niñas y niños, las personas mayores, las personas con diversidad funcional, las personas racializadas, las personas migrantes, los colectivos LGTBIQ quienes se ven más afectadas.
Las mujeres y niñas son más de la mitad de la población mundial y tienen los mismos derechos que los hombres y niños. Derecho a no sufrir violencia ni a vivir con miedo, derecho a no ser discriminadas en el acceso a la educación, al trabajo o a los recursos económicos y de producción, derecho a no ser excluidas de la participación en la vida social, cultural, política… ONU Mujeres[11] nos informa que en torno a un 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual) en algún momento de sus vidas. Se estima que de las 87,000 mujeres que fueron asesinadas globalmente en el 2017, más de la mitad (50,000-58%) fueron matadas por sus parejas o miembros familiares. Como mínimo, 200 millones de mujeres y niñas entre 15 y 19 años de edad han sufrido la mutilación genital femenina en los 30 países en los que existen datos representativos sobre prevalencia. En gran parte de estos países, la mayoría de las niñas fueron mutiladas antes de cumplir los cinco años. Una de cada diez mujeres de la Unión Europea declara haber sufrido ciberacoso desde la edad de 15 años, lo que incluye haber recibido correos electrónicos o mensajes SMS no deseados, sexualmente explícitos y ofensivos, o bien intentos inapropiados y ofensivos en las redes sociales. En 2018, 12 países y territorios de un total de 185 tenían todavía en su legislación cláusulas que eximían a los violadores de enjuiciamiento cuando estaban casados con la víctima o contraían matrimonio con ella.
La vulneración de derechos se está viendo agravada por las consecuencias de la pandemia por COVID-19
Todavía es difícil estimar su alcance, siendo las proyecciones sobre la caída del PIB mundial cada vez mayores, en cualquier caso, lo que es seguro es una contracción económica con pérdida de empleo e incremento de la población en situación de pobreza. Las tensiones producidas por las medidas para frenar la propagación del virus y que han llevado al confinamiento de gran parte de la población mundial han agudizado la incidencia de la violencia hacia las mujeres y la privación de derecho a la educación para millones de niños y de niñas. Las poblaciones más pobres al igual que las personas mayores han sido las que más han enfermado y fallecido. La pandemia ha puesto de manifiesto las brechas de los sistemas de la mayoría de los países en cuanto a la protección de los niños y niñas y personas mayores: atención de la salud, sistemas de protección social inadecuados, hacinamiento en establecimientos de detención y la falta de planes de emergencia para cuando se produce un cierre masivo de centros educativos. El impacto es y será mayor y desigual en los grupos más vulnerados: migrantes forzosas, miles de personas migrantes refugiadas que no tienen un hogar donde poder aislarse u otras muchas que viven hacinadas compartiendo vivienda, la situación en los campos de población refugiada, mujeres y aquellas personas con un nivel cultural más bajo, así como en los niños y niñas y jóvenes de hogares con un nivel socio-económico inferior y personas con diversidad funcional o las personas mayores. La crisis sanitaria refleja, una vez más, la injusta organización social de los cuidados, la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida y su poca visibilidad en los sistemas económicos de los mismos, con el consiguiente impacto en las mujeres[12].
El cierre de los centros educativos para frenar la propagación de la pandemia manifiesta de forma muy cruda la brecha de desigualdad existente en el acceso a una educación equitativa, inclusiva y de calidad, tanto en España como en el resto del mundo. Para millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo, la escolarización a distancia no es una opción. La brecha digital es uno de los principales motivos, aunque no el único. La falta de acceso a los centros educativos no tiene repercusiones tan sólo en términos de transmisión de conocimientos y mayor riesgo de abandono escolar, sino en otros aspectos tanto o más importantes, como pueden ser los problemas nutricionales, el riesgo de aislamiento social y la ausencia de protección frente a la violencia[13]. De acuerdo con la UNESCO[14] la mitad del total del alumnado –unos 826 millones de estudiantes– que en abril 2020 no pueden asistir a la escuela debido a la pandemia de COVID-19, no tienen acceso a una computadora en el hogar y el 43% (706 millones) no tienen Internet en sus casas. La ONU alerta de que los cierres prolongados de los centros educativos plantean el riesgo de una «catástrofe generacional»[15].
En momentos de incertidumbre, como los que vivimos, es cuando se hacen más fuertes las agendas del miedo, cuando los discursos del odio aumentan como una de las formas más visibles de racismo y discriminación, discursos ya presentes en los últimos tiempos cuando hemos asistido a un avance de los fundamentalismos contrarios a los derechos de las mujeres. Estos discursos del odio provocan crispación y violencia.
Junto a los discursos del odio conviven los discursos negacionistas, como los que niegan la COVID-19, el cambio climático o la violencia de género. Gran parte de los negacionistas buscan preservar el statu quo, que nada cambie, en cuanto la vulneración de derechos de las grandes mayorías supone el mantenimiento de privilegios de unos pocos. En plena pandemia por Covid-19, en América Latina se ha concentrado aún más la riqueza. Como señala Oxfam, «la región ha visto surgir en promedio un nuevo milmillonario cada dos semanas desde marzo, mientras que millones de personas siguen luchando contra la enfermedad, dificultades económicas extremas y por poner comida en la mesa durante los confinamientos, con los hospitales al borde del colapso (…) Se estima que América Latina perderá 113 400 millones de dólares en ingresos fiscales este año, lo que equivale al 59 % del gasto en salud pública de la región»[16].
Necesitamos transformar nuestro mundo para acabar con la desigualdad y la vulneración de derechos, pero también para proteger nuestro planeta. Naciones Unidas indica como el brote de la COVID-19 resalta la necesidad de abordar las amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas. En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó de que un aumento mundial de las epidemias zoonóticas era motivo de preocupación. En concreto, señaló que el 75 % de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos son zoonóticas y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas». Según, afirma la Directora Ejecutiva de PNUMA, Inger Andersen,.«Con la COVID-19, el planeta ha enviado su mayor alerta hasta la fecha indicando que la humanidad debe cambiar».
Ante esta realidad mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son la vía de salida. Citando a la plataforma Futuro en Común, en la que participa InteRed a través de la Coordinadora de ONGD, «es imperativo apostar por la transformación sistémica propuesta por la Agenda 2030 con el fin de construir una sociedad más resiliente, justa, igualitaria y sostenible, con mayores garantías de derechos sociales a través del fortalecimiento de servicios públicos. Es urgente transitar hacia un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, otras relaciones campo-ciudad, relaciones de género equitativas y una gobernanza global fortalecida»[17].
La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible compromete a todos los países y marca los objetivos para enfrentamos a los problemas globales. Los fenómenos que ocurren en cualquier rincón del mundo mantienen vínculos diversos entre sí, como la pandemia por COVID-19 nos ha enseñado.